Cae en mis manos el gráfico que adjunta este post a través de una recomendación de mi amigo @maragatinin publicado originalmente en el blog Estado Limitado. Recomiendo para entender este post que abras el gráfico en grande y observes los datos en detalle.

Por resumir, el gráfico nos muestra la prueba irrefutable de que nuestro Estado del Bienestar está construido sobre un castillo de naipes. Hay un dato inquietante y demoledor: el 29,3% de la población española mantiene al 70,7% restante. Dicho de otra forma: de cada 10 españoles, sólo 3 sostienen el sistema de forma directa.

La cifra del 29,3% sale de sumar el número de trabajadores autónomos (6,4%) y trabajadores por cuenta ajena (22,9%). El 70,7% restante lo forman menores, pensionistas, personas con incapacidad permanente, estudiantes, amas de casa, personas inactivas en general, parados y los casi 3 millones de funcionarios que obviamente cobran de lo que pagan los demás. En este último grupo se incluyen más de 200.000 personas entre Senadores, Parlamentarios, Alcaldes, Concejales y un largo etcétera de políticos y asesores.

Ya sé que la estructura de recaudación fiscal se reparte tanto en los ingresos como en los gastos, y que los pensionistas, los parados o los funcionarios (por nombrar a los grupos más numerosos) gastan dinero que también genera impuestos a través de conceptos como el IVA, las transmisiones o los impuestos municipales. En cualquier caso, esto no quita para que el dato mencionado arriba siga siendo válido: un pensionista que paga puntualmente sus impuestos recibe menos dinero neto, pero sigue siendo mantenido por el sistema.

Hay una circunstancia adicional que hace aún más difícil el mantenimiento del sistema en el medio plazo y que está siendo objeto de estudio en la actualidad: el incremento de la esperanza de vida. Cuando en la Constitución de 1978 se consolidó la Seguridad Social como principal sistema de protección social del Estado, la esperanza de vida en España era de 74 años. Si consideramos que en aquellos años un trabajador podía incorporarse a los 18 años y se jubilaba con 65, eso nos dejaba una vida laboral activa de unos 47 años. Que el Estado le mantuviese 9 años de media, era algo completamente viable.

¿Qué ha pasado en la actualidad? La incorporación al mercado laboral se está retrasando cada vez más, los estudios son más largos, los periodos de paro e inactividad también y la edad de jubilación apenas ha cambiado (de 65 a 67 años). Por otra parte, la esperanza de vida ha crecido hasta los 82 años aproximadamente (dato del 2012). Una persona que empiece a trabajar a los 30 y se jubile a los 67, trabajará unos 37 años, pero estará jubilado una media de 15 años (hasta los 82). Esto hace que el sistema sea cada vez más difícil de sostener y más si contemplamos que se estima que las generaciones que nacen en este siglo tendrán una esperanza de vida entorno a los 100 años.

Por tanto, necesitamos una revisión en profundidad de nuestro sistema de protección social, un pacto por encima de orientaciones políticas e intereses partidistas, un acuerdo que nos represente a todos y que se construya sobre una base de solidaridad pero al mismo tiempo con objetividad y estabilidad económica de largo plazo.

El Pacto de Toledo, el último gran pacto en relación con este tema, tiene casi 20 años y necesitamos que nuestros políticos piensen de verdad en las personas. La sociedad española merece una clase dirigente capaz de abordar retos como éste y que luche por lo que de verdad importa: el bienestar de las personas. Si no somos capaces de estabilizar nuestro sistema de protección social, todos perderemos: «los de abajo» por supuesto, ¡pero ojo! también «los de arriba«.